La orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la inteligencia artificial (IA) representa un cambio significativo en la política federal, con implicaciones directas para estados y territorios como Puerto Rico.

La derogación de salvaguardas federales previas crea un vacío regulatorio que estados como California, Nueva York y Colorado buscan llenar mediante sus propias normativas de IA. Este desarrollo podría derivar en un mosaico de leyes estatales, presentando desafíos de cumplimiento para empresas que operan en múltiples jurisdicciones.

La propuesta de la “Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico” es un paso prometedor hacia la regulación de la IA. Sin embargo, para abordar eficazmente los desafíos emergentes, es esencial fortalecer la legislación. Se recomienda incorporar disposiciones que anticipen y mitiguen posibles conflictos entre regulaciones estatales y federales, asegurando que Puerto Rico mantenga una posición competitiva y alineada con las mejores prácticas nacionales.

Además, es crucial que los líderes empresariales y legisladores puertorriqueños estén atentos a los desarrollos internacionales en IA, especialmente en países como China, donde avances significativos podrían influir en el panorama global.

La competencia global en IA se intensifica y es imperativo que las empresas locales se preparen para posibles desafíos relacionados con la seguridad de datos y la propiedad intelectual. Aunque la ley propuesta es un excelente comienzo, es necesario reforzarla para enfrentar estos nuevos retos y garantizar que Puerto Rico esté a la vanguardia en la gobernanza de la IA.